Requiere a ambos dirigentes políticos para que en lo sucesivo se abstengan de realizar dichas actuaciones ilegales
La Junta Electoral de Zona del Puerto de Santa María, ha dictado una resolución por la que se determina que tanto la alcaldable del Partido Popular de Rota, Auxiliadora Izquierdo, como el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, infringieron el art. 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al llevar a cabo un acto de campaña prohibido por la ley.
Los hechos se remontan a la visita que ambos políticos realizaron el pasado día 6 de mayo a un edificio de la localidad para comprobar el funcionamiento de un ascensor que se había instalado en dicho edificio y que había obtenido una subvención por parte de la Junta de Andalucía.
Para entender la secuencia de los hechos ocurridos, resulta necesario aclarar que el día antes de producirse dicha visita, esto es el viernes día 5, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz se envía un correo electrónico a la alcaldía de Rota anunciando la visita que se tenía previsto realizar al día siguiente e invitando al Alcalde para que asistiera a la misma.
A la vista de que dicha visita vulneraba de forma manifiesta y flagrante la legislación electoral, que prohíbe expresamente actos de dicha naturaleza, desde que se convocan unas elecciones y hasta que finaliza la jornada de votación, por parte del Alcalde se le comunica a la Delegación de Gobierno que declina la invitación por entender que dicho acto está prohibido y que no debe llevarse a cabo. Esta contestación del Alcalde, hizo que al final de la mañana desde la propia Delegación del Gobierno se enviara otro correo desconvocando la visita proyectada.
No obstante, pese a la supuesta desconvocatoria de la visita, desde el Partido Popular de Cádiz se envía el mismo viernes por la tarde, una convocatoria de prensa a los medios de comunicación, en la que se manifestaba que el sábado día 6 de mayo a las 11:00 horas, tendría lugar un paseo electoral por el municipio por parte del Vicesecretario Institucional del PP de Andalucía (cargo que también recae en la persona de Antonio Sanz), junto con la candidata del Partido Popular de Rota a la alcaldía, Auxiliadora Izquierdo. En dicha convocatoria se fijaba como lugar de encuentro con la prensa, la plaza del Ejercito, esto es, el mismo sitio donde se había llevado a cabo la instalación del ascensor.
Como saltaba a la vista, todo apuntaba que la desconvocatoria por parte de la Junta de Andalucía, y la posterior convocatoria del Partido Popular, no era más que una pirueta en un intento de burlar la Ley y llevar a cabo el acto que se tenía previsto, a sabiendas de su ilegalidad, lo que quedó confirmado el día 6 de mayo, en el que ni Antonio Sanz, ni Auxiliadora Izquierdo llevaron a cabo un paseo electoral, sino que visitaron el ascensor, uno en su condición de Consejero de Presidencia, y la otra en su condición de alcaldable del PP de Rota. Es más, incluso en la puerta del edificio llevaron a cabo una rueda de prensa donde se pone en evidencia que la voluntad de ambos políticos no fue otra sino la de aprovechar la visita a una obra subvencionada con dinero público, para vender logros y proyectos del Partido Popular y al mismo tiempo hacer protagonista a Auxiliadora Izquierdo de esos logros en un intento claro de influenciar en el voto de los electores.
Estos hechos fueron denunciados por el PSOE ante la Junta Electoral, que les ha dado la razón, considerando dicho órgano que desde la Junta de Andalucía no se ha actuado en cumplimiento del deber de neutralidad y objetividad que debe presidir la actuación de los poderes públicos, dejando claro que, directa o indirectamente, dicho acto fue organizado por el Consejero de Presidencia con la voluntad clara de vender logros del gobierno andaluz, algo que prohíbe de forma expresa el mencionado art. 50 de la LOREG. Por ello la Junta Electoral le requiere tanto a Antonio Sanz como a Auxiliadora Izquierdo que en lo sucesivo se abstengan de realizar actuaciones de este tipo.
Para el PSOE estos hechos ponen en evidencia dos cosas, en primer lugar, la falta de lealtad institucional y el poco respeto que el Partido Popular tiene por las Instituciones Públicas, y en segundo lugar, la debilidad de la candidata del PP de Rota, que ante la imposibilidad de realizar una campaña donde pueda vender su trabajo en la oposición o su programa electoral, necesita que vengan a ayudarle otros cargos públicos, aunque para esto se tenga que vulnerar la legalidad vigente.